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 CALARCÁ S. A.

José Nodier Solórzano CastañoPor José Nodier Solórzano Castaño. (josenodiersolorzano@hotmail.com)

"Reivindicar una ética pública sería suficiente obra de gobierno"

En Estocolmo, en 1961, reflotaron El Vasa, el buque de guerra más grande construido en el siglo XVII. Apenas el Rey Gustavo Adolfo II lo inauguró, después de lanzado al mar, el agua penetró por las cañoneras, y lo hundió. Fue el gran fracaso de los suecos, pero ellos lo rescataron e hicieron de ese navío un museo, que es el espejo de una sociedad que mira de frente sus fracasos: no los glorifica, no los oculta.

Si alguna vez los quindianos hiciéramos lo mismo tendríamos que elevar a categoría de excepcional el ejemplo del estadio Guillermo Jaramillo Palacio, que es el colmo de las obras públicas privatizadas por los políticos. Su construcción duró muchos años y en su tiempo un informe periodístico concluyó que su costo había sido el más oneroso de estadio alguno en América. Fue administrado por la Fundación Proestadio, creada por el grupo del parlamentario y, durante más de dos decenios, sirvió de plataforma electorera para correligionarios del simpático calarqueño, cuya gestión fue anodina.

Ahora, ese estadio, que es un símbolo de la politiquería colombiana, está en manos de otra organización civil, Abrazar, encargada de atender niños discapacitados, y orientada por un hijo del ya fallecido parlamentario.

Lo llamativo del asunto es que hablamos de un estadio de fútbol ocupado en otras tareas, hecho con recursos públicos, mientras los calarqueños no cuentan con escenarios idóneos para ese deporte. ¿Por qué lo administra una organización que no es deportiva? ¿Cuándo será devuelto al municipio?

Lo del estadio Guillermo Jaramillo Palacio es apenas la punta del icerberg que hunde la embarcación de lo público en Calarcá. La Empresa Multipropósito, también privatizada por un alcalde de esa corriente liberal, cobra por el agua y el aseo —por un buen servicio, aclaro— las tarifas más caras de la región.

Las vías de la carrera 27, entre calles 37 y 39, fueron privatizadas por vendedores estacionarios ante la desidia de los pasados gobiernos municipales, incluidos los del Mira y del partido de la U. Lo mismo pasa con la antiestética plaza de Bolívar: fue privatizada para estacionamiento de motos y carros particulares.

El Mira intentó privatizar el parque Alto del Río, y si no lo hizo fue porque la indignación ciudadana les impidió vender los bienes públicos. Es la misma receta aplicada por el alcalde suspendido, el médico Giraldo, quien, avalado por el Concejo Municipal y con el silencio acomodado de la Personería Municipal, intentó privatizar, con la empresa de las fotomultas, un servicio conexo del control de tránsito.

Ojalá a la alcaldesa, a Carolina Cárdenas Barahona, le alcance el tiempo para recuperar algunos bienes y servicios públicos del municipio. Ya empezó con la lección de sentido común y decencia que está dando a los calarqueños.

Reivindicar una ética pública sería suficiente obra de gobierno: sería histórica, ante tanto Vasa, tanto fracaso atravesado en nuestra historia.

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