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JOSÉ NODIER

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CORTINAS DE HUMO

José Nodier Solórzano CastañoPor José Nodier Solórzano Castaño.
josenodiersolorzano@hotmail.com

La Fiscalía General de la Nación se ha especializado en politiquería y oportunismo

Decía Marie Curie, la científica francesa ganadora de dos premios Nobel en distintas disciplinas, que a nada en la vida se le debe temer, que solo se le debe comprender. Y sí, muy poco nos debería causar pavor si la razón nos asistiera con más frecuencia en los actos cotidianos.

Al nacer, además de nuestros sueños, poco poseemos, tal vez un manojo de nervios que hace frágil nuestra vida. Tememos a mucho, a casi todo, y el llanto del niño cuando abre los ojos parece una alarma natural contra la crueldad del mundo.

Lo ocurrido en Calarcá, Armenia, Saldaña, Usme, Santa Librada, Lucero alto y medio en Bogotá, Girardot, Fusa, Espinal, asemeja una película de terror, rodada por las élites de Colombia, en cabeza de la Fiscalía, y de la Policía Nacional, con la pasividad agregada de quienes representan a los comerciantes.

La Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, a pocos días de las elecciones -después de revelarse que su plataforma tecnológica Esperanza, el andamiaje técnico de las interceptaciones legales de la justicia, entregaba información confidencial al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que se borraron grabaciones, según la Sala de Instrucción II de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia- revela y pone a medio país patas arriba por cuenta de una decisión que, si bien puede ser imparcial, la oportunidad y el modo de su ejecución dejan mucho qué pensar.

Justo cuando la Corte Suprema dice que por fin tiene un indicio sólido sobre la manipulación de testigos del ex presidente, y que tiene fotografías que lo incriminan, aparece la decisión judicial de capturar a los hermanos Mora Urrea como presuntos testaferros de las Farc.

¿Acaso es una decisión legal travestida en cortina de humo? ¿Si la Fiscalía llevaba cuatro años de persecución porque no los había judicializado antes o porque no esperó a que pasaran las elecciones, si bien se sabe que ello las afecta? ¿Qué respuesta puede dar la Fiscalía sobre su entrega de información a indiciados como Álvaro Uribe Vélez? ¿Por qué la Fiscalía no organizó con la fuerza pública un dispositivo de control para evitar el vandalismo y los intentos de saqueos? ¿Qué explicación existe por la pasividad de la fuerza pública en casos anunciados, como ocurrió en Calarcá?

La Fiscalía General de la Nación se ha especializado en politiquería y oportunismo, y debería explicar el modo de sus decisiones, ahora condicionado y sesgado según la coyuntura mediática y política de Colombia. Al mismo tiempo, la Policía Nacional -que no el Ejército de Colombia- nos debería decir por qué su lentitud para salvaguardar los bienes de los comerciantes en las zonas aledañas a los disturbios, y en el caso de Calarcá por qué su retraso en una reacción solicitada por la Alcaldesa del Municipio.

Los comerciantes de Calarcá fueron abandonados a su suerte en medio del caos. La voz y la gestión de su dirigencia, de la Cámara de Comercio, tardaron en llegar y solo surgió mucho después de la irrupción de la incertidumbre y la ocurrencia de los daños. ¿Están los comerciantes solos? ¿Quién de verdad los representa?

Decisiones politiqueras, cortinas de humos, abandono, pasividad y negligencia, son abonos a la precariedad institucional y al temor que sentimos los ciudadanos de Colombia.

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